Bienvenidos a un recorrido informativo que destaca la robusta legislación española diseñada para proteger a los inquilinos con recursos escasos. En España, el derecho a una vivienda adecuada es fundamental, y las leyes vigentes están firmemente arraigadas en la protección de aquellos que alquilan con presupuestos ajustados.

**1. *La Joya de la Corona: El Real Decreto-Ley 7/2019*
En el corazón de esta protección se encuentra el Real Decreto-Ley 7/2019, que establece medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Este decreto fortalece los derechos de los inquilinos, limitando las subidas abusivas de alquileres y ampliando la duración mínima de los contratos a cinco años (o siete si el arrendador es una entidad jurídica). ¡Una defensa sólida para aquellos con recursos limitados!

**2. *Frenando Desahucios: La Ley 5/2018*
Para evitar situaciones desesperadas, la Ley 5/2018 refuerza las garantías para prevenir desahucios, otorgando mayor seguridad a los inquilinos más vulnerables. Se establecen medidas específicas para casos de especial vulnerabilidad, como familias con menores, personas con discapacidad o mayores de 65 años. ¡Una red de seguridad para quienes más lo necesitan!

**3. *Asegurando Accesibilidad: La Ley 8/2013*
La Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada, promoviendo la accesibilidad universal. Esto significa que se establecen normativas para adaptar las viviendas a personas con movilidad reducida, garantizando un entorno habitable para todos. ¡Un paso adelante hacia la igualdad de oportunidades!

**4. *Protección Frente a Cláusulas Abusivas: La Ley 29/1994*
La Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos es otra pieza clave, regulando las relaciones entre propietarios e inquilinos. Se establecen límites a las garantías adicionales, se prohíben cláusulas abusivas y se brinda un marco legal que equilibra los derechos y deberes de ambas partes. ¡Un código ético para el juego limpio!

**5. *Ayudas al Alquiler: Un Respiro Económico*
Además de las leyes, España cuenta con programas de ayuda al alquiler para aquellos con ingresos más bajos. Estos subsidios buscan hacer que el acceso a una vivienda digna sea una realidad para todos, respaldando la estabilidad de los inquilinos con recursos escasos. ¡Una mano amiga en tiempos de necesidad!

Adentrémonos aún más en el fascinante universo de la legislación española protectora de los arrendatarios con recursos escasos, descubriendo cómo estas medidas no solo resguardan, sino que también construyen puentes hacia un futuro más estable y equitativo.

**6. *Fomentando la Estabilidad: Prórrogas Automáticas y Opción de Compra*
El Real Decreto-Ley 7/2019, además de limitar las subidas desmedidas, introduce la posibilidad de prórrogas automáticas en los contratos de alquiler. Esto proporciona estabilidad a los inquilinos, permitiéndoles planificar a largo plazo. Además, se facilita la opción de compra, ofreciendo a los inquilinos la oportunidad de convertirse en propietarios de su hogar. ¡Una visión proactiva hacia la seguridad habitacional!

**7. *Protegiendo a los Más Jóvenes: El Contrato de Alquiler Joven*
En un gesto innovador, la legislación española también contempla el Contrato de Alquiler Joven, regulado por la Ley 4/2013. Este contrato, destinado a personas menores de 30 años, ofrece condiciones preferentes, como una duración mínima de tres años y la posibilidad de prórroga. ¡Un trampolín para la independencia residencial de la juventud española!

**8. *Transparencia y Equidad: Registro de Contratos de Alquiler*
La transparencia es clave en la relación entre inquilinos y propietarios. El Real Decreto-Ley 7/2019 establece la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en un sistema estatal, garantizando así la trazabilidad y visibilidad de los acuerdos. Esta medida promueve la equidad y facilita la detección de posibles irregularidades. ¡Un paso audaz hacia la justicia en el mercado de alquiler!

**9. *Protección en Tiempos de Crisis: La Ley 1/2013*
La Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, también tiene un impacto positivo en los inquilinos. Esta ley establece medidas para prevenir desahucios y garantizar la continuidad del alquiler en casos de ejecución hipotecaria. ¡Un salvavidas legal en tiempos de adversidad financiera!

**10. *Innovación Social: Viviendas de Uso Social*
Además de las leyes mencionadas, España está experimentando con modelos innovadores como las Viviendas de Uso Social. Estas iniciativas buscan proporcionar viviendas asequibles, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad. ¡Una mirada hacia el futuro que promete inclusión y diversidad habitacional!

En resumen, la legislación española no solo protege a los inquilinos con recursos escasos, sino que también pavimenta el camino hacia una sociedad donde todos tengan acceso a un hogar digno. Con una mezcla de medidas proactivas, equidad y visión a largo plazo, España demuestra su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. ¡Un país que construye hogares, construye futuros!

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¿Dónde viene regulado el delito de robo?

Sistemáticamente el delito de robo bien incardinar en el título XIII de los llamados delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que en su capítulo primero habla de los hurtos para en su capítulo segundo abordar el tema de los robos en los artículos 237 a 242 del código penal.

El artículo 237 establece que son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren. (Redactado conforme a la ley orgánica uno/2015 de 30 de marzo). 

Precisamente esta ley orgánica lo que hizo es modificar la antigua regulación incluyendo aquellos supuestos en los que la fuerza se utiliza para abandonar el lugar con lo sustraído con lo que queda cubierto los supuestos de desactivación de sistemas de alarma desde el interior del lugar del delito añadiéndose también nuevos supuestos de agravamiento de robo con fuerza las cosas así como  por la gravedad de los daños causados.

¿Cuáles son los elementos del delito de robo?

Conforme a la definición que da el propio código penal se pueden decir:

Es un delito de acción que se deriva del término apoderarse con lo que se desprende que debe haber una acción voluntaria mediante el que se sustrae del ámbito del sujeto pasivo un determinado bien mueble y se pone bajo la esfera del dominio del delincuente no teniendo entrada por lo tanto la inactividad u omisión.

Debe tratarse lo sustraído de una cosa mueble.

Sigue diciendo el código penal que la cosa objeto del delito debe ser ajena por lo tanto no cabe el robo sobre cosa propia.

Debe realizarse faltando el consentimiento de la persona titular del bien porque dispone de ella.

Debe existir el ánimo de lucro.

La fuerza en las cosas debe ser para acceder al lugar donde estas se encuentran o también para abandonar el lugar del delito con lo que queda claro que el delito de robo incluso se puede apreciar cuando la fuerza en las cosas se aplique después de sustraído el objeto del delito quedando de esta manera mucho más delimitado el delito de hurto (delito subsequens). En todo caso parece que la ley se refiere a un espacio físico y cerrado a la vez que independiente donde se encuentra la cosa objeto de delito y a sensu contrario no pueden ser objeto de delito de hurto las cosas que no se hayan precisamente en un lugar concreto. Para tener una defensa jurídica profesional debe contar con los mejores.

Respecto al bien jurídico protegido en el tipo de delitos es la propiedad en sentido amplio.

¿Qué se considera fuerza en las cosas ?

El código penal establece en el artículo 238 lo que se suele llamar una definición legal de un concepto jurídico estableciendo que serán delito de robo con fuerza en las cosas los reos que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias que numera y que lo distinguen del delito de hurto.

¿Qué es el escalamiento en el delito de robo con fuerza en las cosas?

Como su propio nombre indica viene a significar subir a un lugar más elevado. Es fácil imaginar supuestos encuadrables en escalamiento como por ejemplo saltar el muro de entrada a una finca, aprovechar un saliente en un muro para entrar por un balcón que tenga una ventana abierta pero siempre debe tener componente de necesitar un cierto esfuerzo físico. De hecho el Tribunal Supremo en algunas sentencias precisamente ha desestimado la existencia de escalamiento porque la ventana abierta estaba a nivel de calle o en la planta baja. En este caso la casuística es muy abundante en cuanto a la valoración del esfuerzo necesario para cumplir el requisito de el escalamiento.

El Tribunal Supremo ha establecido que precisamente el escalamiento cómo modalidad de fuerza en las cosas estriba su fundamento de la peligrosidad que revela la astucia, destreza y habilidad utilizada por el sujeto activo del delito para apoderarse de la cosa mueble.

En este supuesto lo que se pone de relieve es que se vulneran las defensas, así el muro, que subieran puesto para proteger el bien mueble y lógicamente el acceso no permitido al lugar.

¿Que es el rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta ventana?

Este supuesto bastante descriptivo su definición como todos los supuestos de delitos de robo ha generado mucha jurisprudencia. Puede afirmarse que igual que en el supuesto anterior es necesario un acceso del exterior al interior y el concepto fractura no solamente implica rotura de fachada, muro o puerta si no también sería el supuesto de anulación de los dispositivos de seguridad en dichas puertas o ventanas.

La fuerza aplicable en su cantidad no modula este supuesto sino que hay que afirmar que la fuerza debe ser la necesaria para el cometimiento del delito debiendo ser medio para su comisión. Así el Tribunal Supremo en sentencia de 2001 ha establecido que por fractura ha de entenderse romper o quebrantar con esfuerzo el mecanismo que cierra puertas ventanas cabiendo en ese supuesto la utilización de palanca lógicamente. En definitiva puede entenderse que hay fuerza las cosas cuando la altura puede entenderse como barrera de defensa o protección según establece de manera constante el Tribunal Supremo. Como elementos de delimitación de este supuesto hay que decir que no será robo si esa fuerza se aplica posteriormente a la sustracción por ejemplo en la huida ni en el mismo objeto de robo como por ejemplo sería el forzar el mecanismo de encendido en el caso del robo de un vehículo aunque si en el supuesto de apoderarse de algo del interior. Dada la naturaleza técnica de este delito es procedente contar con especializados Abogados en Granada.

¿Qué es la factura de armarios, arcas u otra clase de muebles objetos cerrados sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido sea en el lugar del robo fuera del mismo?

Es lo que la doctrina llama fractura interior que tiene la gran ventaja este requisito de tener una cláusula abierta al establecer otra clase de muebles objetos cerrados con lo que en su modalidad cabe la posibilidad de utilizar instrumentos actuales o incluso elementos electrónicos de apertura. En este supuesto prima lo que se define por la doctrina como el paso del continente el contenido y no se considerará fuerza en las cosas en el supuesto que sea la forma normal de apertura y tampoco si la fuerza no va empleada al contenido. Piénsese el supuesto de romper la cadena de una bicicleta en el que la fuerza sería sobre la cosa misma y por lo tanto sería un delito de hurto.

¿Qué se entiende por la utilización de llave falsa?

Es evidente que legislador y la jurisprudencia a través del concepto de llaves falsas se están refiriendo a todo mecanismo que permita la apertura de un cierre teniendo en este sentido cabida incluso tarjetas electrónicas y demás

El artículo 239 establece una definición legal de lo que es llave falsa y así:

Serán las ganzúas u otro instrumentos análogos

Las llaves legítimas perdidas por el propietario y obtenidas por medio que constituye fracción penal.

Cualesquiera otros que no sean los destinados por el propietario para abrir la cerradura violentada. A los efectos de este artículo sigue diciendo el código penal se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, los mandos de apertura a distancia y cualquier otro elemento tecnológico de eficacia similar (artículo redactado conforme a la ley orgánica 5/2010 de 22 de junio).

¿A qué se refiere el código penal cuando habla de inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda?

Este supuesto viene siendo criticado por la doctrina ya que puede ser redundante del supuesto anterior y que podría subsumirse perfectamente y en definitiva es una adaptación del código penal a la realidad actual de moderna delincuencia contra la propiedad.

¿En qué consiste el supuesto agravado de robo con fuerza las cosas del artículo 241 del código penal?

El citado artículo 241 por redactado por la ley 1/2015 de 30 de marzo viene estableciendo que el robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias se castigará con una pena de prisión de dos a cinco años.

Si los hechos hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se impondrá una pena de prisión de uno a cinco años.

Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando tenga lugar. Se consideran dependencias de casa habitada de edificio o local abiertos al público, sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercanos y contiguos al edificio y en comunicación interior con él y con la cual formen una entidad física.

Una pena de dos a seis años de prisión se impondrá cuando los hechos a que se refieren los apartados anteriores revista especial gravedad atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y en todo caso cuando concurran las circunstancias del artículo 235 del código penal.

La reforma operada en 2015 introduce precisamente este último apartado citado incluyendo un nuevo supuesto agravado en el caso de los llamados alunizajes o relativos a la gravedad de los daños causados. No dude en encargar su defensa a auténticos Abogados en Granada especialistas.

Los supuestos a qué se refiere este artículo  241 son los siguientes:

Casa habitada y sus dependencias. El código penal intenta proteger la propiedad y la inviolabilidad del domicilio particular en el entendido sentido de ser una vivienda que está habitada y por lo tanto queda excluida la deshabitada. El tribunal supremo ha dejado dicho que no solo será aquella que no es permanentemente ocupada sino incluso aquellas residencias de carácter no permanentes. El propio código penal se encarga de hacer una llamada definición legal del concepto de casa habitada e incluso hay supuestos jurisprudenciales de entender que existe este delito agravado en el caso de habitaciones de hotel. Hay que tener en cuenta el acuerdo del pleno no jurisdiccional de la sala supremo de 15 diciembre 2016 en el que declara que los trasteros y garajes también son vivienda habitada siempre que:

Este próximo a la casa habitada

Que la dependencia esté cerrada

Comunicación interior o interna entre la casa la dependencia

Unidad física, aludiendo al cuerpo de la edificación.

¿Qué pena le corresponde al delito de robo con fuerza las cosas?

El código penal establece El culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 235 y estas son:

1. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

2. Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.

3. Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.

4. Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.

5. Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.

6. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.

7. Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.

8. Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.

9. Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

Visto el relato jurídico de este delito es altamente aconsejable contar siempre con los mejores Abogados en Granada.

Entre los muchos riesgos a los que una empresa puede enfrentarse, incurrir en un delito penal o recibir una sanción tributaria son dos de los más graves de cara al correcto cumplimiento de la Ley. Se trata de dos ejemplos en los que multitud de organizaciones no reparan y que, sin embargo, pueden ocasionar importantes costes para las empresas, además de un deterioro en su imagen reputacional ante la Administración Pública, proveedores y clientes.

Cualquier organización es susceptible de caer en alguno de estos casos como consecuencia de una mala gestión en su actividad económica. Es ahí donde cobra importancia el Compliance Penal y el Compliance Tributario como forma de evaluar legalmente el funcionamiento de una entidad con el fin de asegurar sus activos a la vez que sienta las bases de un crecimiento solvente.

Así, al menos, lo indica la reconocida firma profesional JURAND Abogados en su entrevista realizada a los micrófonos de Onda Cero, donde pone de manifiesto la necesidad por parte de las empresas de someterse a dicha evaluación, inexistente para muchos.

 

¿Qué valor añadido aporta a mi organización?

Seguridad, progreso, calidad o buena imagen son solo algunos de los aspectos positivos derivados de llevar a cabo un Compliance Penal o Tributario, y es que este proceso consiste en cuidar la salud de un negocio, garantizando su correcto funcionamiento.

Se concibe, por tanto, como un sello de calidad al que los clientes no son ajenos y que busca diferenciar a una determinada empresa de las que componen su competencia.

Todo ello al mismo tiempo que esquivan los riesgos derivados de una inspección tributaria o penal. Y es que tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, que declara la responsabilidad penal de las personas jurídicas por primera vez en nuestro país, toda entidad es susceptible de cometer delitos por sí misma.

No obstante, no será hasta cinco años más tarde, concretamente con la entrada de la Ley Orgánica 1/2015 del 30 de marzo, que el Código Penal incorpore la cultura del cumplimiento normativo, favoreciendo la misma con la posibilidad de aplicar una serie de atenuantes y eximentes en dichos delitos si la evaluación por Compliance está presente.

 

El primer paso para el crecimiento de un negocio

Con más de 30 profesionales distribuidos entre Granada, Costa del Sol, Madrid y Barcelona, JURAND Abogados se posiciona como una de las firmas especializadas en el complejo tema del Compliance, un examen al que no solo las empresas deben someterse para minimizar riesgos, pues también va dirigido a clubes deportivos, sindicatos e incluso partidos políticos.

Y es que cualquier tipo de compañía tiene como principal objetivo el crecimiento de su organización, pero siempre basándose en un progreso sostenido y manteniendo una relación de tranquilidad con las Administraciones Públicas.

 

¿Aún sigue pensando que tu negocio está protegido?

Cuando una organización sopesa implantar un sistema de Compliance Tributario y/o penal debe tener claro que todo se basa en unas actuaciones totalmente personalizadas a su volumen de operaciones y a su capacidad económica.

Se habla, por tanto, de un tema tan complejo como desconocido y que la firma JURAND Abogados acerca a PYMES y grandes organizaciones. Lo hace, además, desmarcándose del resto gracias al departamento especializado en la realización de Compliance Penal y Tributario, un procedimiento que se suele presentar de forma individualizada y que, en este caso, ofrece soluciones tributarias y penales conjuntamente.

Asimismo, JURAND Abogados presume de contar con instrumentos de gestión validados por la entidad de certificación AENOR, lo que le permite al cliente tener plena garantía del correcto trabajo realizado.

Y ahora, ¿Aún sigue pensando que su negocio está protegido?

JURAND ABOGADOS Y CONSULTORES TRIBUTARIOS

En determinados sectores, tales como el informático, servicios de soporte o relacionados con la salud, la empresa puede establecer guardias de trabajo que pueden ser presenciales en el centro de trabajo o a distancia pero que obligan al trabajador a estar disponible y a realizar un trabajo efectivo en caso de que así se requiera.

De acuerdo con el convenio relativo al tercer grupo, queda establecido que los Complementos por Guardias serán siempre abonados por el centro al que pertenezca el sujeto en cuestión, independientemente de si se encuentra en activo o de baja.

En torno a este último supuesto gira, precisamente, una profunda controversia que tiene a los médicos de toda España en jaque, y es que muchos de ellos han visto cómo su nómina no reflejaba esos complementos obligatorios.

De hecho, es el propio Tribunal Supremo el que establece a través de su sentencia del 17/01/2000 que todo profesional de la salud debe recibir la retribución correspondiente a las horas de guardia fijadas en su convenido, lo cual contradice a los centros de salud que se oponen a esta medida por entender que el trabajador no se encuentra prestando tal servicio.

En base a esta idea, la firma granadina Jurand Abogados & Consultores Tributarios lleva años defendiendo los intereses de los profesionales de la salud, intereses que en muchas ocasiones son desconocidos por el empleado y quedan al margen de sus derechos.

 

¿Es correcta la negativa de los Centros de Salud?

Durante los últimos años se ha producido un enfrentamiento entre médicos y centros de salud que únicamente ha encontrado consuelo en los tribunales, cayendo la justicia de lado del trabajador tras la defensa de sus derechos.

Amparado por estatutos y convenios, se considera al empleado merecedor de ese Complemento por Guardia tanto si ofrece su servicio como si no lo hace por culpa de una baja generada por enfermedad común o accidente laboral.

Así las cosas, y aunque en multitud de ocasiones las clínicas y los hospitales han abogado por la idea de que un trabajador de baja debe ver reducidos esos complementos en su pago mensual, la Administración de Justicia se ha posicionado de lado de la persona, entendiendo que se trata de un complemento ordinario habitual en la nómina del profesional sanitario y, por tanto, de su retribución mensual.

 

Los médicos deberán cobrar las guardias pese a estar de baja

Se trata de una problemática que viene de lejos y que se ha adquirido más relevancia durante la crisis sanitaria por la que pasa la sociedad, de manera que son muchos los ejemplos que dan la razón a los facultativos y que, por ende, se la quita a los centros en cuestión.

Uno de ellos proviene del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Almería, que a principios de 2020 condenó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar a un anestesista el cien por cien de los complementos que había dejado de percibir durante el periodo en que mantuvo una adaptación del puesto de trabajo derivada de una incapacidad temporal.

De acuerdo con la sentencia, “la trabajadora que, por razón de su situación de riesgo durante el embarazo o lactancia, debe ser protegida con la suspensión del contrato de trabajo, pasa a percibir la prestación consistente en el 100 por 100 de la base reguladora correspondiente, la cual es la misma que la establecida para la prestación de incapacidad temporal por contingencia profesionales”.

 

Jurand Abogados, en defensa de los derechos de la salud

La firma granadina Jurand Abogados & Consultores Tributarios presume de contar con una dilatada experiencia cuando de representar los derechos de los profesionales de la salud se refiere.

Como tal, el obstáculo generado para muchos de ellos por los Complementos por Guardias se ha visto resuelto en multitud de ocasiones gracias a la gestión de su equipo experto en Derecho Laboral, que ya en 2018 consiguió doblegar las intenciones del Servicio Murciano de la Salud sin ni siquiera acudir a los Tribunales y que en 2020 ha gozado de la misma fortuna hacia su representado.

Se trata, por tanto, de un tema que resulta desconocido para muchos facultativos, que entienden que su condición de inactivo por baja temporal permite a su centro de trabajo privarle de una retribución de obligado cumplimiento.

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